SOCIEDAD

11 de octubre de 2019

LA LOMA. LA FISCALÍA PIDE 4 AÑOS DE PRISIÓN PARA RUFINO DÍAZ Y 2 PARA FERNANDO MUGURUZA

LA FISCALÍA PIDE 4 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL EX ALCALDE DE CASTRO URDIALES, RUFINO DÍAZ Y 2 PARA EL EX ALCALDE FERNANDO MUGURUZA
LAS MULTAS MÁS ELEVADAS SE PIDEN PARA EL EX ARQUITECTO PEDRO RESTEGUI Y EL EX SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CÉSAR SÁIZ

El Ministerio Fiscal ha presentado esta mañana escrito de modificación de la acusación del caso La Loma ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

La Fiscalía mantiene la acusación en relación a Pedro Restegui Rebolledo, Yolanda Sánchez Sebastián, Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza Galán, César Saiz Alonso y Valentín Galdós Tobalina, retirándose la acusación respecto de los restantes acusados.

Los hechos objeto del proceso quedan acotados a las presuntas ilegalidades cometidas en la aprobación del plan parcial del SUNP-12 de modificación del PGOU de Castro Urdiales.

La Fiscalía verificados los datos obrantes en las actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de ponderación, concluye que las concretas iniciativas relativas al SUNP 3 fueron adoptadas por los responsables municipales sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad.

Se han valorado los siguientes hechos:

En primer lugar, que las nuevas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial de Monte Cueto -ya iniciada en el año 2004- fue finalmente culminada en el año 2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo certificada debidamente, una vez superados los problemas de financiación.

En segundo lugar, las deficiencias inicialmente observadas fueron progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de carácter procedimental. Lo que, de nuevo, se advera con la certificación recientemente aportada, de la que se deduce que la construcción del depósito era, en todo caso, legalizable.

Finalmente, puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones formuladas recientemente por su representación procesal, debidamente ratificadas en las actuaciones.

DELITOS Y PENAS

En concreto, la Fiscalía acusa a Rufino Díaz, Pedro Restegui y Yolanda Sánchez de delitos continuados de cohecho, al haber recibido contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de las resoluciones municipales contrarias a derecho.
La Fiscal pide para Rufino Díaz la pena de 4 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para empleo o cargo público en la Administración estatal, autonómica y local durante 10 años y una multa de 149.082 euros con arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago.

Para Pedro Restegui pide la pena de 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración durante 10 años y una multa de 1.800.000 euros con arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago.

Para Yolanda Sánchez, pena de 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración durante 10 años y una multa de 442.336 euros con arresto sustitutoria de 30 días en caso de impago.

A Fernando Muguruza, el Ministerio Fiscal le acusa de un delito continuado de prevaricación genérica y urbanística.
Como pena, la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
A César Sáiz se le acusa de un delito de falsedad de documento oficial y cooperador necesario del delito de prevaricación y un delito continuado de cohecho.
Se pide 7 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 7 meses con cuota diaria de 50 euros e inhabilitación de 20 años para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración. Además, una multa de 1.087.334 euros con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago.

Finalmente, Valentín Galdós, dice la Fiscal que es responsable en concepto de autor de un delito de falsedad y uno de cohecho. La Fiscalía pide 5 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 26 meses, con cuota diaria de 50 euros y con arresto sustitutorio en caso de impago.

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