LA FISCALÍA ARCHIVA LA QUERELLA DEL CANDIDATO DE OLA CANTABRIA CONTRA EL CONVENIO DEL PROYECTO DEL CENTRO MULTIUSOS DEL AGORA

 

NO OBSTANTE, A RAÍZ DE LAS PESQUISAS SE OBLIGA A RECTIFICAR EL «ERROR» DE GESVICAN DE HABER INCLUIDO EN EL PROYECTO UNA SERVIDUMBRE DE PASO INEXISTENTE A FAVOR DE LA FINCA Nº11

El Ministerio Fiscal ha archivado las diligencias abiertas por la denuncia del candidato a la alcaldía de Ola Cantabria sobre la aprobación del convenio suscrito entre GESVICAN y el Ayuntamiento de Castro para la construcción de un teatro-centro multiusos en la parcela del antiguo cine club Agora.
La Fiscalía considera que no se ha acreditado la comisión de delito alguno.

Arcocha instó a la Fiscalía a que abriese una investigación por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias de las obras proyectadas en los terrenos situados en los números 5, 7 y 9 de la calle Ardigales aduciendo que tras el proyecto se escondía la pretensión de constituir una servidumbre de paso en favor de unos sótanos pertenecientes al número 11 de esa calle, propiedad de una de las hermanas del empresario y candidato a la alcaldía por el PRC, Jesús Gutiérrez, con notorio perjuicio para la Administración local puesto que limitaría el uso de un bien demanial de su titularidad, existiendo connivencia entre responsables municipales, Consejería de Obras Públicas y la entidad Gesvican.

La apertura de diligencias hizo que el Ayuntamiento aportase distinta documentación sobre el convenio, la cesión de las fincas por el Pleno, los pliegos del concurso de ideas para el proyecto y a testificar a funcionarios y técnicos.

La Fiscalía concluye que no se ha acreditado la comisión de delito de prevaricación por la aprobación en el Pleno, el 26 de febrero de 2018, de la cesión de los terrenos a la Consejería de Obras Públicas.
Dice la Fiscalía que «nada cabe objetar en cuanto a la cesión gratuita entre administraciones para cumplimiento de una finalidad de interés público admitida plenamente dentro de las posibilidades de gestión del patrimonio de las administraciones».
El Ministerio considera que «solamente cabe analizar la confrontación con lo regulado en el Plan especial de protección del conjunto histórico artístico de Castro Urdiales ya que limita la posibilidad de agrupación de parcelas a dos y sin superar los 12 metros de lindero frontal.
Sin embargo, de los informes del Arquitecto y de la Secretaria se desprende que no se trata de una exigencia imperativa, sino que, a través de dicha previsión se pretende no alterar ni dañar el conjunto histórico con agrupaciones anómalas y que en las referidas fincas, ya venía anteriormente configurándose como una unidad de hecho por la existencia del yacimiento arqueológico en el que se integra»…. otorgándosele un destino específico y diferenciado del resto del conjunto… entendiendo que la pretensión de equipamiento público cultural proyectado es absolutamente compatible y legal con el plan especial municipal».

Respecto a la concesión indebida de una servidumbre de paso inexistente en favor de la finca nº 11, dice la Fiscalía que es «completamente cierto que el hecho ha ocurrido, ya que en el pliego de condiciones técnicas del contrato figura como base del mismo a realizar en la planta baja de la edificación y resulta meridianamente claro que no existe título jurídico que ampare dicha inclusión, aunque también es claro que tras concluir el derecho de superficie por plazo de 20 años, al momento de restituirse al Ayuntamiento la titularidad íntegra, no cabría su existencia porque el superficiario no puede constituir un derecho real ya que su título no habilita para ello».

En este sentido, según la declaración del gerente de Gesvican que fue quien lo incluyó en el contrato «obedece a un error y será subsanado ya que el proyecto se encuentra en fase de ejecución, admite modificaciones y ni siquiera se ha aprobado la licencia de obra por el Ayuntamiento, y por ende no existe en el presente momento perjuicio alguno para la entidad local, ni beneficio para particular derivado de ello».

Por tanto, concluye la Fiscalía que «aunque resulte desdeñable semejante entuerto y la omisión de un detallado análisis jurídico en una cuestión fácilmente constatable (bastaba con comprobar las inscripciones registrales de todas las fincas), no se puede hablar de la existencia de delitos y se puede rectificar la anomalía detectada con las correciones puntuales en el desarrollo del proyecto, sin que adquiera una mayor transcendencia, dándole la oportuna publicidad a los efectos de garantizar la transparencia y objetividad exigible a toda actuación administrativa».

Al margen de esta denuncia archivada, el equipo de gobierno ya ha anunciado que intentará paralizar este proyecto una vez se reúna con los responsables regionales para intentar reactivar el proyecto de teatro en la parcela municipal junto al polideportivo Pachi Torre.