EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DESESTIMA EL RECURSO DEL EX EDIL CÉSAR BARCO Y SUS HERMANOS CONTRA EL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO Y LA CONSERVERA DE LOLÍN

 

EL FALLO CONDENA AL PAGO DE LAS COSTAS A LOS RECURRENTES Y RATIFICA NUEVAMENTE LA TRAMITACIÓN URBANÍSTICA EN LA ZONA POR INTERÉS GENERAL

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el ex concejal César Barco y sus hermanos contra la sentencia dictada por el Juzgado de la Contencioso administrativo nª 2 el pasado 7 de enero de 2019 que ratificó la correcta tramitación urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Castro en la firma, el 30 de mayo de 2017, del convenio con las empresas Notna S.L y Salazones y Anchoas Lolín, S.L. La finalidad era facilitar el traslado de la fábrica del entorno urbano al polígono de Vallegón y permitir el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar.

La nueva sentencia ratifica que el convenio ha justificado en su memoria el interés general en la actuación que prevé, ya que “expresa con toda claridad que la razón del convenio es mejorar el aspecto medio ambiental de la zona, ampliar suelos rotacionales y la desaparición de una zona fabril insalubre y molesta”.

Se condena a los apelantes al pago de las costas judiciales.

Merced al convenio, la conservera cederá al Ayuntamiento un local de 950 m2 en el edificio, además de construir una pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña.

En el desarrollo del fallo, que desestima el recurso, el juez subraya que el expediente cuenta con todos los informes sectoriales preceptivos. Señala además que “el gobierno regional no encuentra efectos ambientales negativos en la actuación , se aplaude la implantación de una vía ciclista, no hay riesgos de protección civil con el cambio de uso de los suelos , se valora positivamente el cese de vertidos al rio y la mejora de su cauce. Lo que sucede, en definitiva, es que los recurrentes no están de acuerdo con las decisiones urbanísticas del ayuntamiento , que no nacen del convenio impugnado”, indica.

Ratifica igualmente que no existe ocupación de suelo público de la fábrica, que como ya dijo la sentencia anterior hubiera sucedido hace más de 20 años y que la investigación abierta por el Ayuntamiento en 2017 despejó dudas al respecto.

Como ya se produjo en el caso de Eroski, cuando otro competidor empresarial ponía en duda la legalidad urbanística de la reapertura de la gasolinera en 2016, el TSJ ratifica la tramitación urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento, que sigue con el procedimiento de modificación del Plan General según lo estipulado en el convenio, y que a falta del visto bueno de la CROTU, permitirá trasladar una industria molesta de Brazomar al polígono de Vallegón, la ampliación de dotaciones públicas y la conexión ciclista/peatonal de Leonardo Rucabado con la vía verde de Traslaviña.