LOS VECINOS DE TORRE VITORIA 1 PUEDEN REGRESAR A SUS VIVIENDAS MIENTRAS QUE LOS BAJOS COMERCIALES PERMANECERÁN CLAUSURADOS HASTA QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD

Los vecinos del edificio de Torre Vitoria nº 1 de Castro Urdiales pueden ya volver a sus viviendas sin restricciones de uso mientras que los tres locales comerciales y la planta sótano del inmueble se clausuran de forma inmediata, como medida cautelar, por no reunir las condiciones mínimas de seguridad para su apertura al público.
Según se informa desde el Ayuntamiento, en el informe que han hecho los técnicos municipales se estima que la estructura portante del suelo de los locales, pese a los refuerzos en sus viguetas y la ejecución de una cámara de aire realizados hace años, se ha debilitado por los problemas de humedad del sótano, provocando el hundimiento del suelo del local acontecido el pasado sábado.

Onda Cero Castro se ha visto afectada por el desalojo preventivo del edificio que se acordó en la mañana del sábado cuando se abrió un agujero en el local ‘La despensa del tabernario’ causando heridas a una empleada del establecimiento. Tras una primera inspección por los bomberos y el ingeniero municipal se constató el mal estado de conservación del sótano por lo que se decidió desalojar el edificio y acordar el perímetro durante el fin de semana hasta la inspección técnica que ayer llevaron a cabo varios técnicos, entre ellos el arquitecto municipal.
En el día de hoy, el alcalde ha firmado un decreto en el que se acuerda requerir a los propietarios del inmueble la presentación, en el plazo de un mes, de un proyecto de ejecución de las obras que subsanen las deficiencias detectadas en la fachada, cubierta,estructura e instalaciones y la realización de un estudio de patología estructural y su consiguiente reparación. y que se plasmaron en el informe de evaluación del edificio que se hizo, subsidiariamente por el Ayuntamiento el 24 de julio de 2018 y que resultó desfavorable.

Ante el peligro inminente existente en las plantas bajas y sótano, como medidas cautelares se ordenan las siguientes:

-por un lado, la clausura inmediata de la planta sótano y los tres locales comerciales situados en la planta baja, por no reunir las condiciones mínimas de seguridad para su apertura al público.
-Por otro, la reparación urgente, en el plazo máximo de 3 días, de la estructura de la planta sótano (arreglo de agujero en local y apuntalamiento o apeos estructurales de vigas y viguetas en mal estado).

Para la reapertura de las plantas bajas y sótano se deberá presentar documentación técnica por parte de un técnico competente que justifique que las mismas reúnen las condiciones mínimas de seguridad y que avalen el levantamiento de la orden de clausura. En todo caso, se subraya en la resolución del decreto, que los establecimientos no podrán reabrirse hasta que no se emita orden expresa por parte del Ayuntamiento que levante la clausura adoptada como medida cautelar.

En base a la inspección realizada y a la vista del estado general del inmueble se procederá a la retirada del vallado y del acordonamiento del edificio, permitiendo el acceso a las plantas superiores sin restricciones de uso.

La resolución ya se está comunicando a los propietarios del edificio así como a los titulares de los comercios situados en los bajos, además de dar traslado a la Policía local y al Servicio de bomberos para su conocimiento.

SANCIONES POR NO CONSERVAR EL EDIFICIO

Según pone de relieve el arquitecto municipal en su informe, los propietarios conocían el deficiente estado de conservación de su inmueble. Tras la revisión del Informe de Evaluación del Edificio contratado por el Ayuntamiento, se inició en agosto de 2.018 un expediente de Orden de Ejecución con el objetivo de obligar a dicha comunidad a subsanar todos los defectos constructivos detectados. Se les requirió entonces la presentación de un Proyecto de ejecución firmado por técnico competente y la asunción de la dirección facultativa de las obras; documentación técnica que no ha sido registrada.

En este sentido, en un decreto anterior del 9 de enero, desde el Ayuntamiento se requería los propietarios la ejecución de las actuaciones necesarias apercibiéndoles del deber legal de conservación de las edificaciones en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
Si el deterioro es importante constituye una infracción grave sancionable con la cuantía entre 1.501 euros y 15.000 euros. Además, si no se ejecutaran las obras, el Ayuntamiento lo haría subsidiariamente, a costa de los propietarios, o en su caso llevar a cabo la imposición de multas coercitivas de 300,51 euros a 3.005, 06, reiterables en intervalos de 3 meses y hasta el límite del deber legal de conservación para lograr la ejecución de lo ordenado.