INHABILITACIÓN PARA LOS EX ALCALDES RUFINO DÍAZ Y FERNANDO MUGURUZA EN LA SENTENCIA DEL CASO SANTA CATALINA

EL JUZGADO DE LO PENAL Nº3 DE SANTANDER CONDENA A LOS EX ALCALDES  ASÍ COMO A SEIS EX EDILES Y AL EX SECRETARIO MUNICIPAL CÉSAR SÁIZ POR DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y URBANÍSTICA EN EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES 1.33 Y 1.34

SE LES IMPONE PENAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO Y AL PAGO SUBSIDIARIO AL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DE CERCA DE 283.000 EUROS

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander ha condenado al ex alcalde Rufino Díaz Helguera y a los ex concejales Joaquín Antuñano Helguera, Jóse Miguel Rodríguez López, Salvador Hierro Santurde, Concepción Carranza Ortíz, Santiago Vélez Vitoria y Jaime Díez Muro, como autores de un delito de prevaricación administrativa por las irregularidades en el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34, en la zona de Santa Catalina.

También condena al ex alcalde Fernando Muguruza, como autor penalmente responsable por un delito continuado de prevaricación urbanística con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, al haber transcurrido diez años desde que se abrieron las diligencias previas, el 24 de julio de 2008.

En el fallo fechado el 28 de septiembre, se condena además al ex Secretario municipal César Sáiz como cooperador necesario al omitir en sus informes las ilegalidades en las que se está incurriendo.

Según la sentencia de 111 páginas, se incurrió en irregularidades al modificar el Plan General de Castro Urdiales en 2003 al aprobar los estudios de detalle, al conceder las sucesivas licencias y en sendos proyectos de reparcelación y de urbanización. Con dicha modificación, el Ayuntamiento permitió construir viales en suelo que debía reservarse a equipamiento público y eximiendo a los promotores de nuevas cesiones de suelo para compensar por la ejecución de los viales.

La consecuencia de esa modificación del PGOU sin las compensaciones correspondientes supuso una pérdida para el municipio de casi 2.000 metros cuadrados de equipamiento público valorado en 2,4 millones de euros.

El análisis de la abundante documentación incluida tanto en los 30 tomos como en los 28 anexos ha retrasado notablemente el dictado de la sentencia desde la celebración del juicio, hace un año, tal y como se pone de relieve por la jueza.

INHABILITACIÓN E INDEMNIZACIONES

A Rufino Díaz y a Joaquín Antuñano se les condena a la pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con funciones en el ámbito municipal.

A José Miguel Rodríguez López, Salvador Hierro Santurde, Concepción Carranza Ortiz, Santiago Vélez Vitoria, Jaime Diez Muro, se les condena a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 años relacionado con funciones en el ámbito municipal.

La pena para Fernando Muguruza Galán es de 3 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con funciones en el ámbito municipal.
Además, se le impone siete meses de multa con cuota diaria de 10 euros (2.100 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

INDEMINZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CASI 283.000 EUROS

Sin perjuicio de la reserva de las acciones correspondientes en el ámbito administrativo o de la jurisdicción contenciosa administrativa competentes, para la restauración de la legalidad urbanística, o la restitución, y en su defecto de no lograrse aquella, se condena a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Castro Urdiales en 282.371,79 euros.

El fallo también impone el abono de las costas procesales causadas, en 4/6 partes por Fernando Muguruza Galán, 1/6 parte José Miguel Rodríguez López, Salvador Hierro Santurde, Concepción Carranza Ortiz, Santiago Vélez Vitoria, y Jaime Diez Muro, así como una décima parte de 1/3 a Rufino Diaz Helguera, Joaquín Antuñano Helguera y Cesar Saiz Alonso, declarando las restantes de oficio.

El Juzgado absuelve de los delitos de los que habían sido provisionalmente acusados al haber sido retirada la acusación a los ex ediles Juan Tomás Molinero Arroyabe y María Pilar Villanueva Alba, y a los técnicos municipales Pedro Restegui y Pablo Sopeña.

También se absuelve a Pedro Vicente Olano Helguera, Teresa Pérez Barreda, Ángeles Blanquet Angulo, Javier Zurbano Basabe, y Paulino Lavín Cobo del delito de prevaricación administrativa continuado por el que fueron acusados con declaración de las costas de oficio.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación.